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mira quien baila
De
cómo exprimir al máximo o de cómo sacarle el jugo sin escrúpulos ni
reparos a un tema, persona o personaje, su pasado, presente, futuro,
situación o condición podemos aprender mucho actualmente. Solo basta con
echarle un vistazo a determinadas secciones de determinados periódicos, a
determinadas revistas y especialmente mediante la práctica mecánica
y azarosa del zapping, porque cualquier día de la semana, a
cualquier hora del día, sin buscarlo ni quererlo, nos encontraremos con
un programa de tónica rosa
ante nuestras narices. De
la simple observación puede deducirse que la técnica más utilizada por
este tipo de programas es de lo más sencilla y efectiva. En primer lugar
se trata de elegir a una persona, generalmente pública, popular o
conocida. El criterio de selección respeta una única premisa: el morbo,
de modo que el elegido será aquel que protagonice o haya protagonizado
cualquier hecho o suceso (reales o no) susceptibles de provocarlo.
Descontando los casos en los que el propio protagonista, provoca
intencionadamente o fabrica el hecho o lo consiente participando
directamente en la explotación mediática del acontecimiento en
connivencia con el o los programas, en la mayoría de los casos el personaje elegido es
sujeto involuntario y normalmente víctima de los mismos. Para citar un
ejemplo, la elegida de las últimas semanas es Carmen Martínez Bordiu que
comparte cartelera con el clásico Isabel
Pantoja. En
segundo lugar se trata que del elegido, en este caso Carmen Martínez
Bordiu, de su persona, de su estado físico, de su equilibrio mental, de
sus sentimientos y de sus intenciones, de su marido y de su familia se
hable y se diga como se ha dicho, todo, verdades, mentiras, sospechas,
elucubraciones, suposiciones, opiniones, acompañados con generosas
raciones de sarcasmo, ironía, falta de respeto, ingeniosos insultos,
afrentas y ofensas, que en muchos casos huelen a “vendetta”, por parte
de los periodistas rosas y lo que es peor por parte de una nueva categoría
de sujetos denominados panelistas, de procedencia diversa, normalmente ex
concursantes de reality shows que encuentran en este tipo de programas la
salida laboral acabado el reality y en general cualquier individuo que
tenga algo que decir u opinar sobre el tema o personaje de la semana y que
encuentran su lugar de expresión en estos programas. Así, a través de
estos profesionales del agravio, especialistas en el arte de vilipendiar y
pisotear el honor, la intimidad y la vida privada de las personas, como si
por el solo hecho de ser éstas conocidas o populares carecieran o
perdieran tales derechos, dan vida y color a los programas del corazón
que llenan las parrillas de programación de todas las cadenas. Pero
lo más fuerte (disculpen la expresión coloquial pero es muy grafica) se
produce cuando al agravio rosa se suma el agravio del color de la política,
que no se exactamente de qué color es, pero en cualquier caso será de
alguno de los tirando a oscuros en la escala cromática. En Cataluña por ejemplo, el grupo Izquierda
Unida - Iniciativa per
Catalunya Verds está muy preocupado. Sí, se ha preguntado y ha
trasladado sus preguntas e inquietudes a la Dirección General de RTVE que
básicamente se resumen en dos, la primera conocer cuánto cobra Carmen
Martínez Bordiu por
intervenir en el concurso “¡Mira quien baila!” de TVE 1 y la segunda
saber si a criterio de la cadena la Sra. Martínez
Bordiu “es un referente social propio de una cadena pública con
objetivos sociales y educativos”. El propósito político subyacente en
tales inquietudes, especialmente en época de elecciones, es obvio (ser la
nieta del General Francisco Franco supone llevar una etiqueta “denominación
de origen” que siempre le pasará factura a la Sra. Martínez
Bordiu). De lo contrario deberían
haberse hecho las mismas preguntas
por todos y cada uno de los participantes del concurso, a menos que
les conste que los demás no cobran y que reúnen la condición de
referentes sociales de una cadena pública con
objetivos sociales y educativos. Lo
verdaderamente preocupante, y sin embargo no se ven muchos políticos
preocupados por el tema, es el contenido de la televisión actual. Y no
son precisamente programas
del tipo de ¡Mira quien baila! los que deben inquietarlos o inquietarnos,
que mas allá de que gusten a unos y otros no, son por completo inocuos. Está claro que debe haber opciones para todos los
gustos. Dejemos, como afirma
Gustavo Bueno, que “cada cual busque
los programas del género que más le acomode, y aprenda a distinguir por
si mismo”. Lo que no puede constituir nunca una opción, no debe
permitirse y debe combatirse, es que la televisión sea, como lo es, el
medio a través del cual, cada día, de manera constante y continua, se
pisotea el derecho al honor de las personas, o se vulneran sus
derechos a la intimidad y a la propia imagen. O a caso creen los políticos
y el gobierno que solo cuando la gestión directa de la televisión está a
cargo del Estado debe exigirse la observancia y
respeto de éstos y de todo el conjunto de derechos y libertades
reconocidos por la Constitución. No. La televisión es siempre un
servicio público y de carácter esencial, y siempre titularidad del
Estado. Es indiferente que la gestión directa del servicio este a cargo
del Estado o que éste delegue dicha gestión
mediante concesiones administrativas a terceros. Lo relevante es que como
servicio público y por definición debe responder a una serie de
principios y satisfacer una serie necesidades que, sobretodo cuando es una empresa privada el
que lo gestiona, parecen difumarse y en muchos casos desaparecer. Parece
mas bien que la gestión privada del servicio es la excusa perfecta tanto
para las concesionarias como para el gobierno (el de hoy, el de ayer y el
de mañana).Para las
concesionarias porque echando mano de un sobredimensionado y malentendido
derecho de expresión e información creen o nos quieren hacer creer que
todo les está permitido y para el gobierno porque cree o prefiere creer
que si es un tercero el que gestiona la televisión su función (y
obligación) de control e inspección, propia del verdadero titular del
servicio, queda disminuida o desaparece. No solo las concesionarias violan
la legislación vigente cuando pasan olímpicamente de cumplir con lo que
ella exige, también el gobierno cuando no cumple con las obligaciones que
la misma legislación le impone y asiste pasivo a las sistemáticas
infracciones de las concesionarias sin hacer valer los medios y recursos
que la ley establece para sancionar a los responsables de tales
infracciones. La explicación podemos encontrarla, quizás, en el hecho de
que las concesionarias juegan con ventaja, lo saben y se valen de ello.
Cuantos gobiernos o partidos políticos aun con mínimas aspiraciones de
acceder al gobierno tienen lo que hay que tener para enfrentarse a ellas,
normalmente medios poderosos e influyentes. Pocos o ninguno, las
consecuencias para ellos pueden ser políticamente nefastas.
Sandra
Fernández |
